Los países nórdicos están cambiando de manera radical sus políticas migratorias y de acogida de refugiados y solicitantes de asilo. Este cambio se ha hecho aun más evidente tras la firma de un acuerdo por los ministros de Justicia e Inmigración de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, para cooperar en deportaciones y crear programas conjunto de retorno.
La idea surge de Dinamarca. La primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, estableció en 2019 la meta de reducir a cero la llegada de solicitantes de asilo, y en 2020, su gobierno fue el primero y único en la Unión Europea (UE) en revocar permisos de residencia de refugiados sirios de la región de Damasco, alegando que era seguro para ellos regresar. También aprobó una ley para construir centros de recepción de solicitantes de asilo fuera de la UE, en países como Ruanda. Esta ley, aunque aún no se ha aplicado, proponía trasladar a los refugiados a estos centros mientras se revisan sus solicitudes.
De acuerdo la periodico español La Gaceta, el Gobierno sueco, liderado por el conservador Ulf Kristersson, sigue ahora el ejemplo danés. Elegido hace un año, Kristersson prometió acabar con la crisis de inseguridad en el país relacionada con pandillas, atribuyendo el problema a una política de inmigración irresponsable y una integración fallida. Suecia, con un 24% de población de origen extranjero, ha reducido la cuota de solicitantes de asilo aceptados anualmente y ha implementado permisos de residencia temporales para refugiados.
Por su parte, el nuevo Gobierno conservador de Finlandia, surgido en junio y liderado por Petteri Orpo junto al Partido de los Finlandeses, también está endureciendo las políticas migratorias. Una de sus propuestas es limitar el acceso de los inmigrantes sin permiso de residencia a los servicios sanitarios y de seguridad social. Además, el primer ministro ha anunciado el cierre de los cuatro principales pasos en la frontera oriental, en respuesta al aumento de refugiados procedentes de Rusia, acusando a Moscú de guiar a los solicitantes de asilo hacia Finlandia.
La respuesta de los países nórdicos contra la inmigración ilegal descontrolada surge después de años de políticas liberales que han fomentado el efecto llamada. Dinamarca, que en 1983 aprobó la ley de extranjería más liberal de Europa, ha impuesto más restricciones y se ha convertido en un referente para otros países nórdicos en la implementación de políticas antiinmigración.
El acuerdo firmado ahora por estas naciones tiene como objetivo acelerar las deportaciones de aquellos a quienes se les ha denegado la protección, en cooperación con Frontex, la agencia de protección de fronteras de la UE. Además, incluye aumentar las ayudas a programas de retorno voluntario para inmigrantes en situación ilegal del norte de África y programas de asistencia y reintegración de retornados voluntarios.
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